«El Perú no puede seguir atado a compromisos internacionales que nos impiden tomar decisiones soberanas en materia de justicia. La delincuencia está desbordada y los criminales deben recibir el castigo que realmente merecen. La pena de muerte es una medida necesaria para poner fin a la impunidad con la que operan sicarios y terroristas urbanos». En la actualidad, el Perú enfrenta una de las crisis de seguridad más preocupantes de las últimas décadas. La expansión del crimen organizado, la proliferación de bandas dedicadas a la extorsión y el aumento del sicariato han generado un clima de temor e incertidumbre en la ciudadanía. En diversas regiones del país, comerciantes, empresarios y familias enteras viven bajo amenazas constantes, mientras que las autoridades parecen sobrepasadas ante la magnitud del problema. Este panorama ha abierto nuevamente el debate sobre la eficacia del sistema penal peruano y sobre la posibilidad de recurrir a medidas extremas, como la pena de muerte, para frenar estos delitos que atentan directamente contra la vida y la tranquilidad pública. El tema resulta profundamente controversial, pues involucra no solo aspectos legales y constitucionales, sino también dilemas éticos y morales. Por un lado, los defensores de los derechos humanos sostienen que la vida es un valor inviolable y que el Estado no debe asumir el papel de verdugo. Por otro, un sector considerable de la población reclama justicia ejemplar ante crímenes que, en muchos casos, quedan impunes o reciben sanciones leves. En este contexto, la discusión sobre la pena capital para extorsionadores y sicarios adquiere especial relevancia, al plantear el equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos fundamentales. ¿La pena de muerte para extorsionadores y sicarios realmente puede reducir la incidencia de estos crímenes, o solo genera un círculo de violencia y venganza? Desde una posición a favor de la pena de muerte, sostenemos que esta medida podría representar una respuesta legítima y proporcional frente a la gravedad de estos delitos, cuyo impacto trasciende lo individual y afecta al conjunto de la nación. El propósito del presente ensayo es analizar los argumentos que sustentan la viabilidad de la pena capital en el Perú como un instrumento de justicia y de prevención del crimen organizado. En ese sentido, se analizarán dos aspectos esenciales del debate sobre la pena de muerte en el Perú: en primer lugar, la ineficacia de las sanciones actuales frente al crecimiento del crimen organizado; en segundo lugar, el potencial efecto disuasorio que podría tener la pena de muerte frente a delitos graves como la extorsión y el sicariato. Estos tipos de propuesta nos van a permitir comprender por qué la aplicación de la pena de muerte, en casos de extrema gravedad como la extorsión y el sicariato, podría constituir una medida legítima y necesaria para restablecer el orden social y fortalecer la autoridad del Estado frente al avance del crimen.
I. Ineficacia de las sanciones actuales frente al crimen organizado. Uno de los principales fundamentos que sustentan la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú es la evidente ineficacia de las sanciones actuales frente al avance del crimen organizado. Las penas vigentes, como la cadena perpetua o la reclusión prolongada, no han logrado frenar el incremento de delitos como la extorsión y el sicariato, que continúan expandiéndose en distintas regiones del país. La impunidad y la reincidencia de muchos delincuentes demuestran que el sistema penal no cumple su función disuasoria ni correctiva. En este contexto, la pena de muerte surge como una alternativa extrema, planteada por algunos sectores como una respuesta firme y ejemplar frente a un Estado que no logra garantizar seguridad ni justicia efectiva para la ciudadanía.
Chofer de combi asesinado en Comas (extorsión a El Mandarino). El chofer de combi Rutnam Berríos Pajuelo fue asesinado a sangre fría por sicarios mientras cumplía su jornada laboral. Tras el crimen, los delincuentes dejaron un mensaje amenazando con continuar matando a los choferes si la empresa no pagaba los cupos exigidos. Este episodio evidencia cómo la extorsión ha alcanzado niveles alarmantes y cómo los criminales utilizan la violencia para infundir pánico entre los trabajadores y empresarios.
Acribillan a abogado que se negó a defender a un extranjero. El abogado Edwin Quichua Pérez fue asesinado dentro de su vehículo en la cochera de su vivienda en San Martín de Porres. Según las investigaciones, habría sido atacado tras negarse a defender a un extranjero implicado en un caso de extorsión. Este hecho revela que el crimen organizado ya no solo extorsiona, sino que busca doblegar al propio sistema de justicia, atacando a profesionales que representan la legalidad.
Estudiante asesinado con siete balazos en Ate. El estudiante Luis Manuel Alcocer Mattos fue asesinado de siete balazos en el pasaje Igualdad, en Ate, por sujetos desconocidos que escaparon sin dejar rastro. Este crimen refleja la pérdida de valor por la vida humana y la incapacidad del sistema judicial para frenar la violencia, evidenciando que las sanciones actuales no generan temor ni respeto por la ley.
II. Reparación moral para las víctimas. Los casos presentados muestran el profundo dolor y la impotencia que sienten las familias de las víctimas de sicariato y extorsión. Ante un sistema que no garantiza justicia efectiva, muchos consideran que la pena de muerte sería la única forma de lograr una reparación moral y reafirmar que la vida de las víctimas no quedará impune.
III. La pena de muerte como mecanismo disuasorio. Diversos especialistas en criminología sostienen que la severidad y la certeza de las penas pueden generar un efecto disuasorio real. En países donde se ha aplicado la pena capital, se observan reducciones en homicidios y delitos violentos debido al incremento de la percepción de riesgo entre los potenciales infractores. El criminólogo José Luis Díez Ripollés señala que “la eficacia disuasoria del castigo depende de la certeza y la severidad de la pena”, lo cual respalda la idea de que una sanción extrema puede tener impacto preventivo en contextos de criminalidad alta.
Informes del Instituto de Defensa Legal (IDL) indican que la reincidencia y la impunidad son problemas centrales del sistema penal peruano, lo que fortalece el argumento de que medidas más severas pueden tener mayor efecto preventivo.
IV. Reformas penales recientes en el Perú. Las leyes N.º 32446 y 32468 incrementan las penas para delitos como la extorsión y el sicariato, llegando incluso a imponer cadena perpetua. Estas reformas reconocen que la severidad del castigo cumple un rol preventivo frente al crimen organizado, abriendo el debate sobre si la pena de muerte sería el siguiente paso lógico dentro de una política criminal más estricta.
V. Debate sobre derechos humanos y defensa social. Aunque se afirma que la pena de muerte vulnera derechos fundamentales, otros sostienen que la defensa de la vida también implica proteger a los ciudadanos de criminales altamente peligrosos. El artículo 1 de la Constitución peruana señala que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo del Estado, lo cual también incluye garantizar la seguridad de la población. Así, la pena capital podría interpretarse como una medida de defensa social ante delitos extremos, más que como un acto de venganza.
Conclusión La pena de muerte podría representar una respuesta proporcional frente a delitos cuyo impacto afecta a toda la nación. Frente a un sistema judicial debilitado, esta medida podría restablecer la autoridad del Estado y el respeto por la vida humana, enviando un mensaje claro de que la vida no puede ser tratada como mercancía por los criminales. En última instancia, el derecho de los ciudadanos a vivir sin temor debe prevalecer como un derecho humano fundamental.
Referencias. RPP Noticias (2024). Chofer de “El Mandarino” fue asesinado en Comas. Enlace: https://rpp.pe/lima/policiales/chofer-de-el-mandarino-fue-asesinado-en-comas-el-crimen-estaria-vinculado-a-extorsion-contra-empresa-noticia-1579943 El Comercio (2025). Asesinan a abogado en San Martín de Porres. América Televisión (2025). Matan a estudiante de siete balazos en Ate. Instituto de Defensa Legal (IDL). Informe sobre sistema penal y reincidencia (2024). Díez Ripollés, J. L. (2019). La política criminal en la sociedad del riesgo. Congreso de la República (2024). Ley N.º 32446 y Ley N.º 32468.
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